En el marco del proyecto de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ‘Signar por Derecho’, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Fundación ONCE, se ha celebrado un webinario sobre los derechos lingüísticos de la comunidad sorda en España y la protección que estos reciben tanto a nivel estatal como internacional.
Bajo el título ‘Acercamiento a los derechos lingüísticos de las personas sordas más allá de la discapacidad’, el webinario ha estado moderado por la secretaria general y responsable de política lingüística de la Confederación, Naiara Larrakoetxea, y ha contado como ponentes con su asesora jurídica y vicepresidenta primera, Marta Muñoz, y la asesora jurídica de la entidad Patricia Mora.
“Abogamos por el derecho a comunicarnos, a recibir enseñanza, a ser informados, a ser atendidos y a ‘ser entendidos’ en nuestra lengua propia”, ha destacado Naiara Larrakoetxea.
Marta Muñoz, por su parte, ha explicado el marco normativo general que recoge los derechos lingüísticos de la comunidad sorda en diversas organizaciones internacionales, como la Convención de la ONU, la Federación Mundial de Personas Sordas, que estima 300 lenguas de signos en todo el mundo aunque debidamente reconocidas tan solo las hay en 77 países, y todos los movimientos asociativos de cada país que tienen como objetivo proteger los derechos lingüísticos de las personas sordas.
Finalmente, Patricia Mora ha expuesto la protección que el derecho lingüístico internacional concede a las lenguas de signos. Entre otros instrumentos de ratificación ha citado la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias; la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas; el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales; y la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos.
A nivel estatal, como hito más reciente se ha referido al Real Decreto 674/2023, que reglamenta el cumplimiento de la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos en España, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas sordas y sordociegas.
En sus conclusiones, Naiara Larrakoetxea ha estimado que, aunque se ha avanzado en materia de derechos lingüísticos para la comunidad sorda, queda aún mucho camino por recorrer. “Somos una minoría lingüística con derecho a vivir en plenitud y dignidad y al libre desarrollo de nuestra personalidad y, como tal, no nos cansaremos de exigir su cumplimiento hasta que logremos que se nos trate como a cualquier otro ciudadano”, ha remarcado.
La Confederación Estatal de Personas Sordas atiende los intereses de las personas sordas y con discapacidad auditiva y de sus familias en España. Desde su creación, en 1936, ha desarrollado una labor de reivindicación e incidencia política para lograr la plena ciudadanía de las personas sordas, así como del desarrollo de programas de atención y prestación de servicios a través de sus federaciones. Está integrada por 18 federaciones de personas sordas, que a su vez aglutinan a más de 110 asociaciones provinciales y locales de toda España. No obstante, atiende cualquier necesidad relacionada con el colectivo de personas sordas, estén o no afiliadas a su movimiento asociativo.
