El hijo de María tiene 27 años, es ingeniero y habla cuatro idiomas. El joven ingeniero padece una enfermedad degenerativa en los huesos y necesita una rampa para acceder a su casa.
Hace una década, María y su familia se fueron a vivir a un piso de un pueblo valenciano. Las condiciones que les expuso el constructor parecían idóneas para la nueva etapa de sus vidas; pero pronto empezaron los problemas. Su hijo necesitaba una rampa para acceder a su casa. Los vecinos rechazaron la petición y la tensión fue en aumento durante los últimos años.
La Audiencia Provincial de Valencia ha dado la razón a María y declara nula la votación por la que la comunidad quiso imponerle un cargo de 19.000 euros para poder empezar la obra. La votación efectuada por la comunidad, en la que ella no pudo participar, implicaba que su familia pagaría el resto de la derrama, mientras que los demás solo se harían cargo de 600 euros por vivienda.
Lo curioso del acuerdo firmado en 2018, anulado ahora por la Justicia, es que la propia demandante no pudo participar en la votación por tener una deuda de siete euros con la comunidad de vecinos, un impago que le impidió participar en una junta crucial para su hijo. La sentencia declara nulo el acuerdo “por contrariar la forma de distribución del gasto al no corresponderse con el coeficiente de participación” habitual para cada vivienda.
Han pasado siete años; su hijo, el ingeniero con enfermedad degenerativa en los huesos, espera la solución que nunca llega. A pesar de la sentencia, los vecinos siguen oponiéndose a realizar la obra. Todo sigue igual, pese a que, desde 2017, la ley exige la instalación de una rampa para personas con discapacidad si algún propietario lo solicita.
Días después de hacerse pública la sentencia, rajaron las ruedas del coche de la familia de María. Es solo un indicativo de una sentencia justa, que a ellos les parece injusta. Las amenazas y agresiones son continuas. Los vecinos se aferran a que hay que pedir el permiso de obra municipal, que no harán nunca. Los echan a pesar de que la justicia está de su parte.
El hijo ha sufrido a lo largo de su vida diversas operaciones, pero no tenía problemas psicológicos. La situación lo ha empeorado. Si todos hubieren una persona con discapacidad en casa, otro gallo cantaría.
Las viviendas antiguas en ciudades y pueblos se vienen adecuando a la accesibilidad por necesidad y por ley. Unos pagan por lo que otros no desean o no pueden. A veces ni la justicia logra poner orden en lo que fuere justo y las instituciones no se hacen cargo de que la ley se cumpla. En otras ocasiones, todos los que pertenecen a la comunidad, aunque no tengan acceso a ella, han de pagar lo que no pudieren ni tuvieren.
Nada, sin embargo, tan injusto como ponerse la sentencia por montera y pasar de una enfermedad a otra; de hacer de la vida comunitaria un sinvivir para unos vecinos que lo necesitan; de hacer oídos sordos a quienes un día visitó la enfermedad, como a todos les visitará llegada su hora. Entonces recordarán esta historia que nos hizo llegar Cristina García, para vergüenza de quienes no tienen alma ni corazón mientras la rampa no llegare para todos el día de mañana, cuando la necesidad sea virtud sin necesidad de sentencia alguna.
