El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del servicio de 36 plazas en seis hogares tutelados en las zonas de Mérida, Plasencia, Cáceres y Badajoz, destinadas a menores pertenecientes al sistema de protección a la infancia, por un período de dos años, con un presupuesto de 2.132.446 euros.

El Sistema de Protección de la Infancia dispone, entre otras alternativas, de un conjunto de recursos residenciales entre los que se encuentra la red de pisos u hogares tutelados, que posibilitan el crecimiento y la convivencia cotidiana de jóvenes tutelados en ámbitos más reducidos que los de un centro de acogida.

Estos hogares tutelados acogerán a menores para los que se recomienda, bien por sus características personales, bien por sus características familiares, como grupos de hermanos de corta edad, menores en los que se prevé larga institucionalización u otras circunstancias, que la intervención se preste en pequeños núcleos de convivencia.

Ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias
Por otro lado ha sido aprobado un decreto con las condiciones objetivas y homogéneas de acceso a las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, con independencia de la localidad de residencia de las personas beneficiarias.

El decreto define estas ayudas como prestaciones económicas no periódicas y destinadas a personas residentes en Extremadura que, por situaciones extraordinarias, no puedan hacer frente, por sí mismas o mediante los recursos sociales o institucionales disponibles en el entorno, a determinados gastos considerados básicos.

Además, estas ayudas no tendrán carácter periódico o indefinido, limitándose a cubrir mediante un pago único las necesidades puntuales e inusuales originadas por contingencias extraordinarias que afecten a las personas destinatarias. Así, las situaciones crónicas de necesidad deberán ser derivadas a otros recursos sociales e institucionales.

Entre los gastos a los que podrán dar cobertura estas ayudas se incluyen los de alojamiento para mantener el derecho de uso de la vivienda habitual; los gastos necesarios en instalaciones, equipamiento básico u otros útiles de primera necesidad de la vivienda habitual; los relativos a las necesidades primarias, como alimentación básica o especializada, aseo, calzado y vestido; y los gastos necesarios de asistencia sanitaria o sociosanitaria no cubiertos por el sistema público.

También se considerarán susceptibles de ayuda los gastos destinados a atender una carencia crítica de carácter excepcional, ocasionados por una situación social, asistencial o humanitaria que, de manera motivada y previo informe de los servicios sociales de atención social básica, requiera de una intervención urgente e inmediata justificada, así como los gastos de endeudamiento previo originados por cualquiera de los conceptos anteriores, con una antigüedad máxima de 12 meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.

En caso de que la solicitud de la ayuda estuviera referida a varios de los motivos recogidos en el decreto se establece un importe máximo por todos los conceptos de 2.500 euros.